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El fraude fiscal tendrá castigos más severos en Panamá a partir de ahora

Asamblea
  • EFE

La Asamblea Nacional (AN) de Panamá aprobó el pasado lunes en segundo debate un proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal, con penas de 2 a 5 años de prisión al contribuyente que evada más de 300.000 dólares en impuestos.

Con esta aprobación del proyecto de ley 591 que penaliza la evaluación fiscal, el pleno de la AN concluyó la sesión permanente declarada el pasado 22 de enero para discutir la iniciativa, suspendida ese mismo día y retomada para darle votación y enviarla al tercer debate final.

El proyecto que debió ser aprobado en sesiones extraordinarias en diciembre pasado, penaliza la evasión fiscal mediante la adición del capítulo XII, denominado Delitos contra el Tesoro Nacional, al Título VII del Código Penal.

La iniciativa fue presentada al Parlamento por el Ejecutivo para adecuar la legislación panameña en materia de pago de impuestos, definiendo temas de evasión y defraudación fiscal de manera que se cumpla con exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y evitar que el país entre a las denominadas listas grises de naciones que no cooperan en la lucha contra el blanqueo de capitales.

A dicha normativa se le hicieron modificaciones por una parte para satisfacer las demandas del GAFI, pero al igual en defender los intereses del país, señaló un pronunciamiento público de la AN.

La diputada Zulay Rodríguez, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó que con este proyecto "nuevamente estamos vendiendo nuestra soberanía, nuevamente hemos quebrado el país".

La información legislativa resaltó que la ministra panameña de Economía y Finanzas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla, dijo en el debate que hay intereses de sectores empresariales, y que por eso se oponen a la legislación.

La titular del MEF explicó además que sólo 80 contribuyentes superan las cifras de 300.000 dólares en el pago de impuestos, por lo tanto, no afecta a la mayoría de los panameños. Al mismo tiempo desestimó que se trate de una norma que pueda ser usada por esta Administración para perseguir a adversarios políticos, ya que, dijo, es poco el tiempo para entregar el poder.

La penalización con cárcel de la evasión fiscal es una propuesta que genera alguna polémica en Panamá y es una medida demandada por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la actualidad, solo Panamá y Las Bahamas evitan penalizar los fraudes fiscales tomando en cuenta los países de la región. En el caso del país canalero, los castigos por este delito comprenden multas de entre 2 a 5 veces la cantidad defraudada al fisco, por lo que buscan tomar acciones más contundentes en relación a esta actividad.

El presidente del Colegio de Abogados (CNA), Dionisio Rodríguez, afirmó que esta norma "por supuesto que se va a prestar para persecuciones políticas", al tiempo que exigió una discusión más profunda con penalistas para definir términos en la norma como el cómplice primario y cómplice secundario "porque lo que se está aprobando es una conducta penal". El CNA planteó en un pronunciamiento que el proyecto sea bajado al primer debate.

El legislador José Antonio Domínguez, del gobernante Partido Panameñista (PPa), opinó que la intención de la norma "es que no haya por parte del gremio de abogados intento de encubrir actos de lavado de dinero" a través de la creación de sociedades anónimas.

El Gobierno panameño ha señalado que el país se arriesga a ser nuevamente incluido en la lista gris del GAFI si el Parlamento no aprueba este proyecto de ley y que esto tendría efectos negativos en su sistema financiero. 

En la misma sesión de la AN, también se aprobó en tercer y último debate el proyecto de Ley 692 por el que se adopta el Código de Procedimiento Tributario (CPT), con el cual se pretende simplificar el pago de impuestos.

La normativa fue aprobada por el pleno legislativo del Parlamento luego de haber sido devuelta al segundo debate a fin de hacerles nuevas reformas, producto del consenso entre las bancadas parlamentarias y el MEF.


La ministra Chinchilla señaló que la mayoría de las modificaciones fueron de forma y no de fondo, así como también que este proyecto representa el cumplimiento de una deuda del Gobierno hacia sus contribuyentes. Este código establece procedimientos y fechas mediante los cuales los contribuyentes pueden hacer valer sus derechos en esta materia, como la creación de jueces y arbitrajes.

El Órgano Ejecutivo sostiene que la aprobación de este Código Tributario es urgida para cumplir con normas exigidas por organismos como la OCDE y el GAFI para sacar al país de posible paraíso fiscal, señaló un comunicado de la AN.

La iniciativa legal, que ahora espera la sanción del presidente de la República para su promulgación, brindará tanto a funcionarios como a contribuyentes las herramientas para agilizar los procesos en la Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI). Con más de 300 artículos, el proyecto del CPT dispone los pasos a seguir sobre el pago de los tributos, reclamos y otros parámetros.

El CPT regulará por primera vez la relación fisco-contribuyente por razón de la aplicación de los tributos, en tanto que a los asuntos de carácter fiscal (no tributarios) se les seguirá aplicando el procedimiento fiscal ordinario como lo indica el Código Fiscal.

Chinchilla dijo durante el debate que Panamá es uno de los últimos países que se acoge a este procedimiento, ya que casi todos cuentan con este mecanismo. También indicó que el proyecto se presentó en cumplimiento con los estándares internacionales con la prescripción de oficio de los tributos, contribuyendo así con la seguridad jurídica de los contribuyentes nacionales y extranjeros.

Con la normativa se podrá, por primera vez, depurar la cuenta corriente de la DGI y establecer las verdaderas cifras de débito fiscales, al igual que eliminar la actuación desgastante de realizar alcances sobre cifras que luego deben ser declaradas prescritas.

El texto explica la responsabilidad, mecanismos y trámites a seguir en todos los procedimientos, y establece la integración de un Tribunal Administrativo y la conformación de sus miembros, según la información oficial. 

Fuente - Información de EFE

 

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