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El largo y doloroso camino de los envenenados por dietilenglicol

Victims will raise a lawsuit before the Inter-American Court of Human Rights
  • Victims will raise a lawsuit before the Inter-American Court of Human Rights
  • N7D

CIUDAD DE PANAMÁ.- Cuando en 2006 miles de panameños que estaban engripados o que sufrían tos se acercaron a la Caja del Seguro Social, salieron con un frasco de antitusígeno elaborado por la institución con materia prima importada de España.

Sin embargo, el jarabe no les curó la tos, sino que les quitó la salud y hasta la vida.

Uno de los compuestos con los que fue elaborado el jarabe era dietilenglicol, un elemento usado en refrigerantes automotrices, cuando en realidad debía ser preparado con glicerina pura USP.

Tuvieron que pasar 10 años, más de 200 personas fallecidas y más de 3.000 con secuelas para que se llevara a juicio a los implicados en el delito de envenenamiento, aunque el veredicto poco redimió a las víctimas.

Los hechos

En Septiembre de 2006, los médicos de Neurocirugía del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, de la Caja del Seguro Social (CSS), sospecharon de la existencia de un síndrome que había matado a 22 personas. Cada día llegaban más pacientes con problemas neurológicos progresivos a la institución. Desconocían la causa de esta extraña enfermedad que estaba afectando a cada vez más gente, pero estaban seguros de que era algo tóxico en vez de infeccioso.

El primero de octubre de ese año, el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Jorge Motta, contactó al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés), quienes enviaron un toxicólogo para apoyar las investigaciones. Unos días después dieron con la causa: había dietilenglicol, en el jarabe para la tos preparado por la Caja del Seguro Social.

En mayo de 2008 se estimaba que unos 6 mil panameños podrían haber consumido el jarabe en cuestión, y otros medicamentos, como pomadas y cremas, que también estaban contaminados con la misma sustancia.

El caso tuvo repercusión mundial ya que la CSS había comprado el producto a una empresa española, Rasfer Internacional, que a su vez había sido producido por una planta de China, Taixing Glicerine Factory. En España se abrieron procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, pero el caso terminó siendo cerrado. Mientras que en China hubo ejecuciones sumariales contra los responsables.

Rasfer advirtió  que el documento entregado por Medicom, empresa que importa el material a Panamá, no coincidía con el que tenía en sus archivos de venta. Así, quedaban al descubierto dos presuntos hechos: 1.- Que Medicom compró la glicerina industrial y 2.- Que, al llegar a Panamá, alteró los documentos y etiquetas para venderla como glicerina USP.

Sin embargo, en Panamá solo se habían realizado detenciones preventivas a algunos proveedores y directivos de la CSS.

El 31 de marzo de 2007, un fiscal superior ordenó la detención preventiva e indagatoria de Juan Jované, Rolando Villalaz y René Luciani, ex directores de la CSS.

La fiscalía los acusaba de no haber impedido la contaminación del jarabe.

En la resolución del 29 de junio de 2007, el pleno de la Corte declaró ilegal la detención de Luiciani y ordenó su restitución como jefe de la CSS.

Las medidas cautelares contra Jované y Villalaz también quedaron sin efecto.

En noviembre de 2012, la Corte cambió la medida de detención preventiva de Ángel de La Cruz, dueño de la empresa que importó el veneno, por una medida cautelar de impedimento de salida del país. De La Cruz era el único que continuaba detenido por el caso y se encontraba recluido en la cárcel Tinajitas por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo luego de importar el dietilenglicol.

Teófilo Gateno mantenía la prohibición de salida del país y presentación en tribunales cada 15 días.

En enero de 2012, el Tercer Tribunal Superior sobresee de forma provisional a Jované y Villalaz, mientras que confirma el juicio de Luciani.

Para esa fecha, el Estado manejaba la cifra de 6 mil frascos de jarabes entregados, 22 personas fallecidas y miles de afectados.

En 2014, el Ministerio Público registraba 990 casos entre sobrevivientes y fallecidos, aunque aseguraba que era difícil determinar el número real de envenenados ya que cada día llegaban nuevos casos. El Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida aseguraba que había más de 12 mil afectados.

Consecuencias en la salud

“Fue el 20 de septiembre de 2006. Mi sobrino tenía resfriado y yo me estaba enfermando también, así que fui a la CSS y me dieron unos frascos de guayacolato. Tenía que estar bien para una operación que me harían en unos días”, dijo al diario La Prensa, Briseida de Trejo, una de las afectadas.

De Trejo notó que al tomar el jarabe, sentía un ardor muy fuerte en la garganta y el estómago. Sin embargo, debía seguir ingiriéndolo para estar saludable en la operación. La intervención se llevó a cabo como estaba previsto, pero las complicaciones apenas comenzaban.

Debieron operarla nuevamente. 

“Cuando me abrieron, lo que salió fue puro tejido muerto”, relató.

Entre las consecuencias físicas que presenta están: insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes, presión arterial alta, neuropatía e isquemia cerebral. También ha padecido dos infartos.

Para Milagros Rey, la historia es similar. Luego de ingerir el jarabe, comenzaron los mareos, vómitos y diarrea.

No relacionó el jarabe con sus malestares hasta que vio las noticias en la prensa local.

“Puse la denuncia. Me llamaron luego de unos meses para decirme que era positiva”, recuerda.

El dietilenglicol ha dejado en su cuerpo las siguientes secuelas: polineuropatía axonal simétrica, dolor neuropático de miembros inferiores, túnel carpal bilateral severo, síndrome de intestino irritable, enfermedad degenerativa de la columna vertebral, herniaciones discales, enfermedad hemorroidal en grado III, síndrome fibromiálgico, trastorno de ansiedad y depresión.

“Te han quitado la salud, la tranquilidad, la posibilidad de trabajar... Me han quitado todo”, dijo al mismo diario de circulación nacional.

Beneficios incompletos y juicios tardíos

No fue sino hasta 2015 cuando la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 93 en el que se establecieron mejoras en la atención de salud de los afectados por el dietilenglicol y una pensión vitalicia de $600 para las víctimas y familiares de los fallecidos.

La ley también estableció la creación de un centro de atención para los afectados que debía prestar atención médica expedita, oportuna y completa para las víctimas del dietilenglicol y cualquier otro tóxico.

Algunos de los afectados mostraron su inconformidad con esta medida ya que consideraban, entre otras cosas, que $600 es poco para la cantidad de exámenes y medicina que deben tomar de por vida y la incapacidad que les produjo el envenenamiento.

Milagros Rey relató a La Prensa que el envenenamiento la dejó incapacitada de por vida y debe gastar entre $200 y $300 al mes en medicinas.

Además, algunos afectados han denunciado que la atención médica y las medicinas llegan retrasadas, si es que llegan, por lo que los tratamientos se dificultan y las probabilidades de llevar una vida menos dolorosa, disminuyen.

El 14 de marzo de 2016, a 10 años de la tragedia que enlutó a Panamá, se realizó la primera audiencia. El Segundo Tribunal de Justicia indagaría a los acusados por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, la fe pública y contra la vida y la integridad personal, en perjuicio de asegurados de la CSS que tomaron el jarabe o se aplicaron los productos contaminados.

La audiencia fue diferida hasta el 21 de marzo.

“Las pruebas demuestran que hay culpables (… ) las partes deben entender y comprender que este es un proceso importante y especial, y que hay personas con secuelas de todas las edades, por lo que los delitos deben corroborarse y enfrentar la justicia”, dijo Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida.

Luego del juicio, en el que todos los acusados se declararon inocentes, el Tribunal Superior de la Corte Suprema de Justicia determinó 30 días para dictar sentencia.

Sin embargo, las esperanzas de sentirse aliviados por la justicia se esfumaron rápidamente.

El tribunal falló más a favor de los acusados, que de las víctimas y liberó de culpas a los altos ex funcionarios de la CSS.

La sentencia absolvió a René Luciani, Linda Thomas, Pablo Solís González, Teófilo Gateno y Josefa De La Cruz.

El tribunal declaró penalmente responsables por el delito contra la salud pública a Edward Enrique Taylor, Miguel Algandona, Nereida Quintero y Marta Cristelly Sánchez y los condenó a 12 meses de prisión.

La condena mayor le fue otorgada a Ángel de La Cruz, quien debe pagar 5 años de cárcel y $ 6mil en concepto de días multas.

Los reclamos de las víctimas y sus familiares no se hicieron esperar.

En agosto de 2016, los afectados acudieron al Palacio de Justicia Gil Ponce para expresar su rechazo a la sentencia.

"La justicia es sorda, ciega y muda", dijo a La Prensa, Blanca Domínguez, presidenta del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida.

Leosmar Tristán Antonio Vargas, abogados de las víctimas, informaron que la decisión sería apelada. Lo que hicieron. 

Las terribles cifras

Cada año fallecen entre 20 y 25 personas a causa del dietilenglicol.

Hasta la fecha, las cifras oficiales indican que se realizaron 2.298 denuncias por envenenamiento, de los cuales 670 fueron positivos a los dos criterios  (haber recibido el medicamento y haber consumido el mismo). 434 siguen con vida, mientras que 236 han fallecido desde 2006.

Hay 956 pacientes que dieron positivo a un criterio.

El Comité de Familiares de Víctimas por el derecho a la Salud y la Vida asegura que en 2006 se repartieron 220.000 envases con el jarabe, medicamento que alcanzó a 16.100 personas, de las cuales solo viven 3.500.

“Nosotros vimos morir a muchas personas y si una persona desarrolló falla renal por el dietilenglicol, claro que ese evento le acortará la vida”, aseguró a La Prensa Néstor Sosa, director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

El experto asegura que después de este lamentable hecho, la CSS dejó de producir fármacos y ahora los compran directamente a la industria farmacéutica.  

El caso aún no se ha cerrado

Los afectados esperan un fallo de la Corte Suprema de Justicia para demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pascual que demandarán en tres áreas: por la violación de los derechos de la víctima, por el fallo que se dio y por el daño causado desde el punto de vista físico y moral a nivel nacional a estos pacientes afectados con el mencionado jarabe.

"Si el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia insisten en sentencias y condenas ridículas, nosotros vamos a esperar ese resultado para proceder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elevaremos esto internacionalmente", expresó al diario PanamáAmérica.

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