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"Toro" Balladares y Cochez: ¿Hasta cuándo se puede ocultar la verdad de Odebrecht?

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Dos figuras políticas contrastantes, Ernesto Pérez Balladares y Guillermo Cochez, coinciden en que tal vez los panameños tendrán que esperar el fin del gobierno de Juan Carlos Varela para conocer los detalles y nombres de los implicados en estos escándalos de corrupción, considerados los más grandes en la historia del país. Estas declaraciones se dan pocas horas antes de que la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, comunicara que “el Órgano Judicial decidió impedir la continuación de la investigación” contra la constructora brasileña.

El ex presidente Ernesto Pérez Balladares está seguro de que “el próximo gobierno tendrá la obligación de abrir a la opinión pública todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha dejado de hacer” en las investigaciones de los casos Odebrecht y los mal llamados Papeles de Panamá. No le extraña que por ahora se fortalezca la tesis de que se podrían estar encubriendo estos asuntos porque “al final del día no se puede olvidar usted que el presidente Varela fue vicepresidente de Martinelli y estuvo junto a él por 26 meses, de manera que algo puede haber para generar ese imaginario popular de que no se hace la investigación porque están comprometidas personas de la actual administración”.

Para “El Toro”, como también se le conoce al ex mandatario, es indispensable fortalecer la transparencia del sistema judicial panameño sin que eso implique dejar de salvaguardar el secreto del sumario, la presunción de inocencia y todas las protecciones personales de los supuestos implicados. “Hay que abrir y hay que investigar hasta las últimas consecuencias”, dice Pérez Balladares.

Por su parte, el abogado Guillermo Cochez dice que específicamente el tema de Odebrecht “ha estado en absoluto silencio porque no hay una independencia judicial. Aquí los poderes públicos desafortunadamente responden a quien esté en la Presidencia de la República”. El ex embajador de la OEA va más allá cuando reitera que “el presidente Varela sabe quiénes están metidos. Gente muy vinculada a él, cuidado si él mismo”. Cita la situación del diputado panameñista Jorge Alberto Rosas, quien siendo abogado socio de la firma jurídica Rosas & Rosas recibió más de dos millones de dólares de la constructora brasilera.

Cochez lamenta que la Corte Suprema de Justicia haya exonerado al asambleísta de responsabilidades y asegura que la aparente impunidad en este escándalo de corrupción está influyendo en una falta de liderazgo político de cara a las elecciones generales de 2019. Peor aún, asegura que “la carta que está jugando el presidente Varela, por supuesto con recursos públicos, es la de dividir a la oposición, para él - con un porcentaje pequeño - ganar las elecciones que viene”.

 

Comunicado Porcell

Nuestras entrevistas con el ex presidente Pérez Balladares y el ex embajador Cochez se dieron pocas horas antes de que Kenia Porcell, Procuradora General de la Nación, emitiera a través de un vídeo que rápidamente se difundió a través de las redes sociales y medios electrónicos su posición ante  la decisión del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal, a cargo de Lania Batista, de negar una prórroga a la investigación que se adelanta contra la constructora brasileña de Norberto Odebrecht, por blanqueo de capitales y delito contra la administración pública, obligando así al Ministerio Público a remitir la vista fiscal. “Con esta última decisión se completa la advertencia que informé al país el día 29 de agosto de 2017, cuando manifesté que a través de decisiones judiciales se provocaría impunidad en casos emblemáticos como este”, dijo Porcell en el comunicado difundido entrada la noche de este miércoles.

La Procuradora destacó que el expediente Odebrecht en Panamá tiene 364 tomos, 63 imputados, de los cuales hay cinco exministros y dos familiares de un alto exfuncionario vinculados al recibo de por lo menos $60 millones de dinero público. Además, están pendiente tres alertas rojas de prófugos de la justicia panameña, más 57 asistencias judiciales, siete acuerdos de penas y de colaboración, que están en desarrollo, explicó.

Las apreciaciones previas emitidas tanto por Pérez Balladares como por Cochez quedaron más que corroboradas cuando Kenia Porcelll señaló que la negación de la juez Lania Batista de conceder más término de la investigación “limita el deber constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones fortalecido en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, obviando que el Órgano Judicial tiene la facultad legal para controlar la aplicación de medidas cautelares sustituyéndolas por una menos severas o por fianzas de excarcelación como históricamente lo hace en otras causas”.

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